(Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 897 de 2022, 03/08/2022)

El pasado 14 de julio la Comisión de la Comunidad Andina expidió la Decisión 897 en aras de sustituir la anterior Decisión 638 de 2006 en relación con los lineamientos relativos a la protección de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones dentro de la Comunidad. Puntualmente, las disposiciones contenidas en la Decisión serán aplicables a: i) los operadores, proveedores, prestadores y comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones (“Operadores”); ii) los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en los Países Miembros de la Comunidad Andina; y iii) los Países de la Comunidad Andina.

La Decisión trata los siguientes temas:

a. El tratamiento de los datos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones:

La Decisión establece que se reconoce y garantiza el derecho que tienen los usuarios de los países Miembros de la Comunidad Andina al debido tratamiento de sus datos personales y a la titularidad sobre los mismos, así como el derecho de acceso, uso, rectificación, eliminación, cancelación, oposición, limitación al tratamiento o circulación de estos y a la portabilidad de su información.

Adicionalmente, se indica que el tratamiento de los datos dentro de la Comunidad podrá ejercerse libremente siempre y cuando se pruebe que el usuario haya dado su consentimiento previo, expreso, libre e informado, para lo cual se establecen los siguientes requisitos mínimos que la autorización debe contener:

• Que los usuarios hayan sido informados individualmente de manera previa, clara y exacta del titular y domicilio de la base de datos o del responsable del tratamiento, de la existencia de la base de datos donde se almacenarán, de los tipos de datos o conjunto de datos que serán tratados, así como de la finalidad específica y la duración del tratamiento.
• Que los usuarios hayan sido informados que pueden revocar su consentimiento o que pueden ejercer los derechos previstos en la Decisión, así como de mecanismos sencillos, útiles y eficientes para ejercerlos.
• La identidad de los que son o pueden ser los destinatarios, las consecuencias de la negativa a proporcionar sus datos, y de la transferencia nacional o internacional que se efectúe.

Es importante notar que la Decisión establece que estas disposiciones en ningún caso implican una reducción, restricción o establecimiento de condiciones menos favorables a las ya existentes en los Países miembros; por lo cual la regulación interna de los países, así como la autoridad competente en la materia, prevalecerá.

Adicionalmente, se permite y garantiza la libre circulación de los datos dentro de los países miembros de la Comunidad, siempre que el país destinatario haya sido reconocido como lugar con un nivel adecuado de protección de datos personales por parte del país transferente. En caso de que el país destinatario no haya sido reconocido como tal, se deberá cumplir con las normas internas de cada uno de los Países Miembro para llevar a cabo el fujo transfronterizo de información.

b. Acceso a una internet abierta y neutralidad de la red

Se establece que los usuarios tienen el derecho al acceso libre a contenidos, aplicaciones y servicios a su elección para buscar, recibir y difundir información y todo tipo de ideas, sin limitaciones adicionales a las establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por los Países de la Comunidad y/o para usarlas en beneficio propio y de la sociedad, con sujeción a los derechos humanos. De esta manera, establece la obligación de los Operadores de garantizar el ejercicio de dicho derecho y la neutralidad de red de conformidad con la normativa interna de cada País Miembro, y excepciona los casos en los que los usuarios de manera oportuna y adecuada soliciten de manera previa y expresa limitar o bloquear sus contenidos, aplicaciones, desarrollos o servicios.

c. Protección a la libertad de elección de los usuarios

Se menciona la importancia de proteger el derecho de los usuarios a elegir de manera libre a los Operadores; así como de acceder y utilizar los contenidos, aplicaciones y servicios ofrecidos por estos. Adicionalmente, para la protección de los usuarios frente a las prácticas comerciales, se establecen las siguientes obligaciones para los Operadores:

• Medir los consumos de los diferentes servicios contratados para su adecuada facturación y cobro; debiendo esta facturación ser detallada, oportuna y clara.
• Establecer los parámetros para medir los indicadores de calidad de los servicios y la atención y satisfacción de los usuarios.
• Compensar o reintegrar lo que corresponda por el tiempo que el servicio no haya estado disponible por causas no imputables al usuario.
• Prestar los servicios adquiridos sin obligar o condicionar al usuario a adquirir otro bien o servicio.
• Permitir libremente a los usuarios cambiar los planes tarifarios y las modalidades de contratación, dando cumplimiento a las cláusulas de permanencia mínima en caso de que estas se hayan pactado y sean permitidas en la normativa interna de cada país.
• No restringir el derecho a la libre adquisición y uso de los equipos terminales, sin perjuicio del cumplimiento de las normas de homologación en los casos que se requiera y de las normas internas asociadas a la estrategia contra el extravío, robo o hurto de equipos terminales.

Finalmente, se establecen disposiciones relacionadas a la protección de los derechos los usuarios relativos a la i) confidencialidad, integridad e inviolabilidad de las comunicaciones, ii) transparencia y publicación de información relativa a redes y servicios de telecomunicaciones, iii) acceso y uso de recursos de numeración, y iv) roaming internacional. Adicionalmente, se reitera la importancia de fomentar la educación y sensibilización de los usuarios con respecto al acceso a los servicios de telecomunicaciones, ante lo cual se establece que los Países Miembros deberán impulsar programas orientados a capacitar a los usuarios frente a sus derechos y los deberes de los Operadores, así como sobre aptitudes y competencias digitales para el acceso, protección de datos personales y privacidad en línea, seguridad de los menores de edad en el ciberespacio y medidas para la atención especial de adultos mayores y personas en situación de discapacidad.