Durante los últimos años, el sector bancario ha rechazado de manera generalizada la prestación servicios a entidades y personas dedicadas a la minería, so pretexto que ésta es una actividad de alto riesgo en materia de lavado de activos y otras actividades ilícitas. Dicha discriminación ha afectado a todos los agentes de la cadena, desde productores hasta los comercializadores y prestadores de servicios, incluyendo a empresas de importante trayectoria en el sector incluyendo a subsidiarias de empresas cotizadas en reconocidas bolsas de valores. Por otra parte, la postura del sector financiero ha impedido el desarrollo de una política gubernamental de estímulo a la formalización de explotaciones mineras.

Como resultado de lo anterior, el pasado 30 de diciembre de 2021 se promulgó la Ley 2177 mediante la cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional (la “Ley”), que establece condiciones para garantizar que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera (“SFC”) y/o la Superintendencia de Economía Solidaría (“SES”) permitan a diferentes actores del sector minero (tales como titulares, explotadores autorizados, comercializadores, plantas de beneficio, mineros en proceso de formalización, etc.) acceder a servicios bancarios y financieros, siempre y cuando estos cuenten con medidas de gestión de riesgos que tengan por objetivo establecer estándares de transparencia en la información, cumplimiento regulatorio, prácticas de ética empresarial, prevención de lavado de activos y de financiación a actividades terroristas.

De acuerdo con el artículo 6to de la Ley, las entidades del sector financiero solo podrán denegar la prestación de productos y servicios por razones objetivas, que deberán ser debidamente informadas por escrito al solicitante, partiendo de la base de que no se considera una razón objetiva el mero hecho de formar parte del sector minero.
Adicionalmente, bajo esta norma se establece que la inadmisión de una solicitud de bancarización dará al solicitante derecho a que el Banco Agrario le facilite los respectivos servicios financieros, para lo cual esta entidad remitirá la información del solicitante a la SFC y a la SES con el fin de que se determine si hubo mala fe, contumacia o conducta irregular por parte de la entidad que inadmitió la solicitud de bancarización en primer lugar. La imposición de barreras de entrada a los sujetos beneficiarios de la Ley o la discriminación en perjuicio de los actores del sector minero dará lugar a la imposición de sanciones por parte de la SFC o la SES.

Por último, la norma esgrime que la autoridad minera deberá proporcionar a las entidades del sector financiero toda la documentación requerida para verificar la identidad y/o información proporcionada por los interesados y, en términos más generales, la Ley también dispone que:

1. A través de Findeter, Bacoldex o el Fondo Nacional de Garantías, el Estado podrá otorgar garantías bancarias a proyectos de minería circular, verde o cualquier otro que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible.
2. Las entidades financieras deberán realizar capacitaciones al sector minero sobre el proceso de acceso a los productos y servicios financieros ofrecidos, y además, en lo relacionado a las medidas de cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos, prácticas de ética empresarial, prevención de lavado de activos y de financiación a actividades terroristas.
3. Las entidades financieras podrán otorgar a los beneficiarios de la Ley, instrumentos crediticios con tasas de interés preferencial.